Las tendencias autonomistas

     Desde 1847 se buscará una división de España de mayor amplitud, que se debatirá entre el federalismo y la autonomía más o menos amplia. Se plantea agrupar las provincias en cuatro «gobiernos generales», pero sin éxito. Hacia 1913 se propone que las provincias puedan mancomunarse, cosa que aprovechan Cataluña, el País Vasco, Asturias y otras, pero la dictadura de Primo de Rivera corta el proceso.

     El intento más claro de crear unas autonomías en España fue el de la segunda República, en cuya constitución se reconocía el derecho a la autonomía, pero el proceso fue lento. Se presentan numerosos proyectos de autonomía. El Estatuto de Nuria, para Cataluña es el más importante, pero también los presentan el País Vasco, Aragón, Galicia, Baleares, Navarra, Valencia, Canarias, León y Andalucía. De todos ellos sólo se aprobaron el estatuto catalán, en 1932, y el vasco en octubre de 1936, en plena guerra civil, y sin ninguna consecuencia real.

     El régimen de Franco, tras la guerra civil, fue rabiosamente centralista y eliminó toda posibilidad de conceder algún tipo de autonomía a nadie. Habrá que esperar a su muerte para que se reanude el proceso.

La constitución de 1978 y el Estado de las autonomías

     Tras este proceso se establece la existencia de 17 autonomías. Todas las autonomías tienen los límites de las provincias que las componen. Los nombres oficiales de la comunidades autónomas, con las provincias y el año en el que accedieron a la autonomía son:

Andalucía: (30 de diciembre de 1981) Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, Almería, Málaga y Cádiz
Aragón: (10 de agosto de 1982) Zaragoza, Teruel y Huesca
Canarias: (10 de agosto de 1982) Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
Cantabria: (30 de diciembre de 1981) Santander
Castilla y León: (25 de febrero de 1983) León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora y Valladolid
Castilla-La Mancha: (10 de agosto de 1982) Guadalajara, Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete
Cataluña: (18 de diciembre de 1979) Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida
Comunidad de Madrid: (25 de febrero de 1983) Madrid
Comunidad Foral de Navarra: (10 de agosto de 1982) Navarra
Comunidad Valenciana: (1 de julio de 1982) Valencia, Castellón y Alicante
Extremadura: (25 de febrero de 1983) Cáceres y Badajoz
Galicia: (6 de abril de 1981) La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra
Islas Baleares: (25 de febrero de 1983) Baleares
La Rioja: (9 de junio de 1982) Logroño
País Vasco (Euskadi): (18 de diciembre de 1979) Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
Principado de Asturias: (30 de diciembre de 1981) Oviedo
Región de Murcia: (9 de junio de 1982) Murcia

     Para determinar qué provincias entraban en cada comunidad se tuvieron en cuenta criterios históricos, geográficos, económicos y políticos. Por motivos históricos se crearon las comunidades de Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Extremadura y Andalucía; por motivos geográficos las de Castilla y León, a la que se añadió Segovia por Decreto Ley, que en principio no iba a formar parte de ella; Castilla-La Mancha, a la que se añadió Albacete que pertenecía al reino de Murcia; Cantabria y La Rioja, desgajadas de Castilla; y Canarias y Baleares, por su insularidad; por motivos políticos se creó Madrid. En 1979 conseguirían la autonomía Cataluña y el País Vasco, en 1980 Andalucía y Galicia, en 1981 el Principado de Asturias y Cantabria, en 1982 La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra y Comunidad Valenciana, y en 1983 Baleares, Castilla y León, Extremadura y Madrid.

     Aunque en principio no tenían reivindicaciones nacionalista más que las regiones históricas de la periferia, las autonomías han cuajado profundamente entre la población, y se ha despertado un sentimiento autonomista, y de región diferenciada, donde no lo había. Todas las autonomías tienen un estatuto donde se plasman sus aspiraciones políticas y de autogobierno. Los estatutos más reivindicativos son los de aquellas regiones con lengua propia diferente al español.

     La práctica ha demostrado la idoneidad de estas autonomías, que han permitido un mejor gobierno del país, no sin tensiones. Estas autonomías, aunque no está recogido así en la constitución, tienden a crear un Estado federal. Por último la polémica entre el Estado central y las autonomías se centra en cuándo se cierra el proceso y cuándo se ha alcanzado el techo reivindicativo.

     Las autonomías han intentado dividir su territorio en comarcas, históricas o naturales, que en general no afectaban a todo su territorio; pero todos estos proyectos han fracasado, salvo en Cataluña, que eran una tradición consolidada. No parece viable poner un estrato más entre el ciudadano y el Estado nacional. Actualmente, hay en España cuatro niveles en la Administración, independientes entre sí: los municipios, las provincias, las autonomías y el Estado nacional.