El siglo XIX y la revolución liberal

     El nuevo orden llega a España de la mano de Napoleón, que pone a su hermano José I en el trono. En mayo de 1808 estalla la guerra de la Independencia. Sin embargo, bajo la tutela de Bonaparte se intenta ordenar el territorio, en 1810, dividiéndolo en 38 prefecturas, como las francesas, y 111 subprefecturas, según el proyecto del clérigo Llorente. Las prefecturas se llamarán de la misma manera que el nombre de la capital. Esta división hacía tabla rasa de los condicionantes históricos, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 1811 las Cortes de Cádiz derogan los señoríos jurisdiccionales, desapareciendo así la división entre señorío y realengo, que a pesar de la Restauración no volverán a entrar el vigor.

     Al tiempo, las Cortes de Cádiz intentan crear un nuevo régimen, también liberal, en el que todas las provincias tengan las mismas obligaciones. La constitución de 1812 no reconoce la personalidad política de los antiguos territorios históricos. Esto fue aprobado por los diputados de todas las provincias, incluidos los territorios americanos. Las Cortes llegan a un sistema nuevo que sí tiene en cuenta los condicionamientos históricos. Se crean 32 provincias, según el nomenclátor de Floridablanca, con algunas correcciones. Pero, además, en 1813 encargan una nueva división provincial a Felipe Bauzá, que determina 44 provincias, con criterios históricos. Pero nada de esto se aprobó, y el regreso de Fernando VII supuso la vuelta al Antiguo Régimen, con ciertas modificaciones. En 1817 España estaba dividida en 29 intendencias y 13 consulados.

El proyecto de 1822

     En enero de 1822 se aprueba, con carácter provisional, una división provincial de España en 52 provincias: en Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; en Aragón: Calatayud, Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias: Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid; en Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; en Extremadura: Badajoz y Cáceres; en Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Vigo; en León: León, Salamanca, Villafranca y Zamora; en Murcia: Chinchilla y Murcia; en Navarra: Pamplona; en Valencia: Alicante, Castellón, Játiva y Valencia; y en Vascongadas: Bilbao, San Sebastián y Vitoria.

     Algunas de estas provincias aparecen por primera vez, como Almería, Huelva, Calatayud o Logroño, y otras aparecen con nombre nuevo como Murcia o las provincias vascongadas.

     Este proyecto hace pocas concesiones a la historia, y se rige por criterios de población, extensión y coherencia geográfica. Hay una voluntad de superar los nombres históricos, prefiriéndose los de las ciudades capitales. Tampoco se respetan los límites tradicionales de las provincias, configurando un mapa nuevo. Se eliminan los enclaves de unas provincias en otras, si pertenecen a distintos reinos, pero se conservan muchos enclaves. Este proyecto generó intensos debates por el número de provincias y la capitalidad, pero no dejaron de ser cuestiones menores.

     En 1822 se restablecieron los intendentes provinciales como delegados de Hacienda. Pero la caída del gobierno liberal y la restauración del absolutismo dio al traste con el proyecto. En 1823 se restablecen las provincias del Antiguo Régimen por lo que el plan de 1822 nunca llegó a entrar en vigor.

La división provincial de Javier de Burgos de 1833

     María Cristina encargará a Javier de Burgos la creación de una nueva división provincial. El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud y Villafranca (Bierzo), además otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital. El proyecto de Javier de Burgos incluye 49 provincias: en Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla; en Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza; en Asturias: Oviedo; en Baleares: Baleares; en Canarias: Canarias; en Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo; en Castilla la Vieja, Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid; en Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona; en Extremadura: Badajoz y Cáceres; en Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra; en León: León, Salamanca y Zamora; en Murcia: Albacete y Murcia; en Navarra: Navarra; en Valencia: Alicante, Castellón y Valencia; y en Vascongadas: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

     Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias vascongadas y Navarra, pero se hacen menos concesiones a la historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los más importantes son: el rincón de Ademuz y el condado de Treviño. Para esta división se rige por los mismos principios de población, extensión y coherencia geográfica.

     Esta división provincial se consolida, y triunfa rápidamente, hasta llegar a nuestros días, ya que inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas, creándose al tiempo los subdelegados de Fomento (los futuros gobernadores civiles, hoy delegados del Gobierno). Además, la división provincial será el soporte para todas las ramas de la Administración, y las futuras divisiones. Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben estar íntegramente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias, con los enclaves correspondientes. Esta será la base de un Estado fuerte y centralizado, eficaz y uniforme, sin privilegios ni excepciones.

     La división provincial se consolidará poco después; en 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los distritos electorales y la contribución. En 1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las elecciones municipales de 1999 había 8.037 ayuntamientos, algunos no tenían más de 10 años.

     Las revisiones de este modelo fueron muy escasas. En 1836 se amplía Valencia a costa de Alicante. En 1841 se amplía Logroño, pero temporalmente. Entre 1844 y 1854 la capital de Guipúzcoa pasó de San Sebastián a Tolosa. En 1846 se rectificaron los límites entre Ciudad Real y Albacete. En 1851 Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia. Y por último, en 1927 Canarias se divide en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Esta es la modificación más importante, ya que aumenta las provincias a 50. Por lo demás estas son las provincias actuales.

     A pesar de la uniformidad el País Vasco y Navarra conservarán sus fueros hasta el fin de las guerras carlistas. En 1841 Navarra pierde sus instituciones, aunque conserva su derecho y la contribución única, hasta 1877 en que desaparecen su Junta y Diputación, tras haber perdido su capacidad de crear leyes.

     En las provincias se instalan delegaciones de todos los organismos del gobierno, con lo cual se realiza una desconcentración administrativa que facilita el gobierno del país.