La agricultura en España

     Tras la guerra, el país se convierte en más dependiente de la agricultura aún, ya que la industria es virtualmente inexistente y la única garantía de encontrar alimentos es viviendo en el campo. Hay, en los primeros años 40, un proceso de retorno de la ciudad al campo. Aún así, grandes masas de población no se libran de la escasez y el hambre. Las cartillas de racionamiento de alimentos estuvieron vigentes hasta 1952.

     Debido a esto los precios agrícolas eran muy altos, el precio de la fuerza de trabajo muy bajo y, como consecuencia, la mecanización muy escasa. La corrupción se generaliza en el mercado agrícola, y se crea un mercado negro de estraperlo, que permite la acumulación de grandes cantidades de capital entre la oligarquía terrateniente. El enriquecimiento de quienes eran los propietarios de la tierra fue muy rápido e importante, lo que posibilitó una tasa de ahorro alta. Pero una vez que se consiguen cubrir las necesidades alimenticias básicas de toda la población, se reduce la velocidad de acumulación de capital. Es entonces cuando se siente la necesidad de invertir ese dinero en otros sectores.

     A partir de 1952 la agricultura proporcionará los capitales, la fuerza de trabajo y las mercancías necesarias para el desarrollo industrial. Hay un auténtico éxodo del mundo rural al urbano, y de las regiones agrícolas y pobres a las industriales y a los polos de desarrollo. Esta transacción de capital se hace gracias, y principalmente, al ahorro de los pequeños agricultores, que a través de los pagarés del Servicio Nacional del Trigo, canalizan los bancos de depósito y comercio. Es por medio de esos bancos como los agricultores pueden vender su producción y cobrar los pagarés. Por último, el levantamiento del bloqueo comercial y el desarrollo económico terminan por impulsar la industrialización de España y el cambio radical del modelo agrícola.

     Este cambio tuvo como instrumento fundamental la concentración parcelaria. La concentración parcelaria es un proceso de fusión de las explotaciones, que no de la propiedad, promovido por el gobierno. Pero para salir de la precaria situación del campo se ha de realizar, también, un plan de regadíos, además de la concentración parcelaria. Nada de esto dará, en España, muchos problemas, debido al carácter autoritario del régimen. España fue el primer país, tras México, que hizo un plan de concentración parcelaria. Esta se ve impulsada por el informe del Banco Mundial de 1962, y daría paso a una auténtica revolución verde. Los grandes propietarios son los más beligerantes contra la concentración, pero a la larga son los más beneficiados.

     La concentración parcelaria no fue posible aplicarla con la misma intensidad en todas las regiones. Fue muy profunda en las zonas llanas de campos abiertos y dedicadas al cereal; pero es más difícil concentrar los países de montaña y las explotaciones con árboles o viñas.

     El aumento del tamaño de la explotación que supuso la concentración parcelaria significó la posibilidad de utilizar tractores, cosechadores, abonos, etc., y racionalizar la explotación utilizando más capital y menos fuerza de trabajo. Gracias a ello aumentó la productividad de la tierra, en todas partes, pero sobre todo en aquellas en las que el Estado montó las infraestructuras para el regadío. El regadío era una exigencia para poner en marcha la modernización de la agricultura. Pero los campesinos no podían pagarse las infraestructuras necesarias; por eso, durante todo el período, será el Estado quien se encargue de construir las infraestructuras necesarias.

     No obstante, los precios agrícolas terminaron por subir menos que los industriales, los insumos agrarios se hicieron más caros y los productos agrícolas más baratos, con lo que los beneficios se redujeron hasta casi no hacer rentable la explotación agrícola. Los años 70 fueron los más duros para la agricultura, que estuvo al borde de la quiebra a finales de la década.

     Hoy en día la agricultura española, y la europea en general (exceptuando algunas grandes explotaciones), se mantienen gracias a las subvenciones y a la política proteccionista de las instituciones del Estado. El tamaño de la explotación es insuficiente para el sostenimiento de una familia en un país europeo. En general, las explotaciones están atendidas por una familia, en las que el recurso a las ayudas familiares son de mucha importancia.

     Sin embargo, la política agraria común (PAC) es contradictoria, puesto que si por un lado tiende a potenciar las explotaciones rentables, procurando que se cierren las menos viables, por otro, en zonas desfavorecidas y de alta montaña, subvenciona a las explotaciones más pequeñas y marginales; ya que se consideran el último reducto de toda una forma de vida, y se trata de evitar el despoblamiento y la desaparición de los usos tradicionales. Debido a la política de subvenciones y el proteccionismo, Europa genera excedentes de casi todos los productos que se consumen en el país, lo que demuestra su eficacia, aunque en el ámbito internacional haya protestas por competencia desleal.