En aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo de 26 de enero de 1944, los empresarios no podían despedir a los trabajadores argumentando causas económicas y, en caso de producirse una sentencia de "Despido improcedente", en empresas de 50 o más trabajadores, era siempre el trabajador el que decidía cobrar la indemnización establecida o REINCORPORARSE a su puesto de trabajo (en la actualidad esa facultad de elección la tiene solamente el empresario). En ambos casos, al trabajador debían abonársele los salarios de tramitación, como si hubiera estado en activo.

Esta situación legal, hacía que los empresarios no despidieran a ningún trabajador si no existían auténticas causas objetivas (reguladas reglamentariamente).

Igualmente, la ley establecía que -las empresas de 50 o más trabajadores- estaban obligadas a practicar una política de vivienda social para sus trabajadores de plantilla.

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